El fiscal federal Juan Pedro Zoni imputó este martes al presidente y al ministro de Comunicaciones por supuestos delitos que se habrían cometido en el marco el acuerdo entre el Correo Argentino y el Estado durante el concurso preventivo de la firma
El fiscal federal Juan Pedro Zoni imputó este martes al presidente Mauricio Macri y al ministro de Comunicaciones, Oscar Aguad, por supuestos delitos que se habrían cometido en el marco el acuerdo entre el Correo Argentino y el Estado durante el concurso preventivo de la firma, propiedad de la familia del jefe del Poder Ejecutivo.
Aunque Zoni no precisó los cargos imputados, consideró que el caso merece una investigación porque “se observa un perjuicio patrimonial multimillonario en las arcas del Estado y en el patrimonio de los acreedores minoritarios”.
Además de Macri y el ministro, también fue imputado el director de Asuntos Jurídicos del Ministerio de Comunicaciones, Juan Mocoroa, cuya legitimidad para actuar en el caso fue cuestionado por la fiscal del fuero Comercial Gabriela Boquín.
El fiscal Zoni dijo en su dictamen que ese funcionario “desarrolla sus funciones a través de una cadena jerárquica que lo vincula con el presidente de la Nación, Mauricio Macri, quien a su vez resultaría beneficiario de forma directa o indirecta de la sociedad concursada y por ende del acuerdo suscrito por aquel”.
Zoni impulsó así, ante el juez federal Ariel Lijo, la acción penal a raíz de dos de las denuncias que llegaron a Comodoro Py 2002: una impulsada por un abogado particular, Daniel Igolnikov, y otra promovida por la agrupación Nuevo Encuentro que lidera el ex presidente kirchnerista de la Autoridad Federal de Servicios de Comunicación Audiovisual (AFSCA) Martín Sabbatella.
Hay otras tres denuncias: dos de otro abogado y del kirchnerismo, que recayeron en el juez Rodolfo Canicoba Corral, y una que hizo la Procuración de Investigaciones Administrativas (PIA) ante el juez Marcelo Martínez De Giorgi.
Pero la primera denuncia recayó en la dupla Lijo-Zoni y se descuenta que absorberá a todas las demás.
Sin que trascendieran las medidas que solicitó para impulsar la investigación ni se detallaran en base a qué delitos habrían incurrido los imputados, Zoni entendió que debía abrirse una investigación criminal “tendiente a corroborar la existencia de conductas delictivas estrechamente vinculadas al proceso concursal” del Correo, que ya lleva 15 años de trámite y en la que “se observa un perjuicio patrimonial multimillonario en las arcas del Estado y en el patrimonio de los acreedores minoritarios”.
Zoni pidió esclarecer qué responsabilidad penal le cabe a funcionarios públicos y particulares que intervinieron en forma directa o indirecta a lo largo de todo el proceso judicial, en el que “el interés público no habría sido protegido de la forma adecuada”, dice el dictamen.
El fiscal también pido analizar el cambio de estrategia de defensa del Estado, en el concurso preventivo “mediante el cual se prestó conformidad a una propuesta abusiva que implicaría un perjuicio fiscal” y que se materializó con la intervención de Mocoroa, “un funcionario que carecía de la competencia para ello y designado por carácter transitorio”.
El fiscal se remitió a las denuncias y el dictamen de su colega del fuero comercial, en donde “surge con claridad que Correo Argentino SA esta controlado por Sideco Americana SA, la cual a su vez es controlada por Socma Americana SA, cuyos accionistas serían integrantes de la familia del Presidente de la Nación; siendo usufructuario vitalicio de esas acciones el Sr. Francisco Macri; señalando finalmente una serie de actos jurídicos que evidenciarían que las referidas sociedades funcionan como grupo empresario”.
El caso se conoció la semana pasada cuando se difundió el dictamen de la fiscal Boquín ante la Cámara en lo Comercial, que se oponía a un convenio entre el Estado y la empresa que pertenece a la familia Macri, hecho a seis meses de que Mauricio Macri asumiera el Poder Ejecutivo, para que se pagara una histórica deuda del Correo con el Estado.
Según el plan, la empresa se comprometió a pagar en 15 cuotas anuales (desde 2018 hasta 2033) y con un interés del 7 por ciento, solo sobre el capital de la deuda, y las partes destacaron que se trataba del pago de 600 millones de pesos, más del doble de la suma inicial de casi 300 millones (a 2001).
Pero la fiscal Boquín sostuvo que ese convenio implicaba una quita del 98,2 por ciento porque no regían los intereses y que era abusivo porque, a criterio del área financiera de la Procuración (DAFI), para 2033 provocaría un perjuicio en el Estado de 70.163 millones de pesos. Y denunció mala fe procesal porque días antes Correo Argentino inició una demanda al Estado reclamando por daños y perjuicios, por un interés más alto que el que estaba dispuesto a pagar en el concurso preventivo.
El lunes, el Procurador General del Tesoro, Carlos Balbín, ordenó un sumario administrativo y una auditoría para esclarecer cómo fue que se llegó a un acuerdo entre el Estado y el Correo Argentino y que involucra analizar el papel de los abogados del Estado en los últimos quince años.